Señor Director:

Las palabras del diputado Meza, al sugerir que condenados por crímenes tan atroces como la violación de menores podrían ser incluidos en un indulto humanitario, no solo son desafortunadas: son una afrenta a la memoria y el dolor de las víctimas. El debate sobre la conmutación de penas para reos terminales es una discusión legítima sobre la dignidad en la muerte, pero esta dignidad no puede comprarse al precio de la revictimización y el socavamiento de la justicia.

​La violación, y más aún la que se comete contra un niño o una niña, no es un delito común. Es un ataque a la humanidad en su estado más vulnerable. Es un crimen que deja cicatrices invisibles y permanentes. La pena impuesta a estos criminales es el mínimo consuelo y la única garantía social de que el Estado ha reconocido y castigado el daño irreparable.

​¿De verdad la “humanidad” exige que un violador de menores, moribundo o anciano, vuelva al mismo entorno que destruyó? La respuesta debe ser un rotundo no.

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​Si bien la ley debe velar por el trato humano de todos los reclusos, la jerarquía de valores debe imponerse. La dignidad del reo en sus últimos días debe sopesarse con la seguridad y la salud mental de la víctima, quien tendría que vivir con el terror de saber que su agresor está libre. Es una crueldad que el sistema de justicia no puede permitirse.

​Un indulto que incluya a violadores de menores enviaría un mensaje demoledor a la sociedad: que, con el tiempo, la gravedad del crimen se diluye. Es hora de trazar una línea roja inquebrantable: hay crímenes que, por su naturaleza destructiva, no merecen el beneficio de la clemencia. La justicia con las víctimas debe primar por encima de la compasión con el victimario. El Estado debe ser un protector, no un facilitador de la impunidad simbólica.

Me parece aberrante que un parlamentario de un sector que ampliamente ha repetido que la ideología no debe estar presente en las escuelas, cuando lo único que prevalece es una educación sexual para que se visibilicen estos crímenes. El sr. parlamentario sea capaz de decirle a la sociedad que quienes están condenados por delitos gravísimos deban tener libertad.

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Los profesores a diario somos testigos y oyentes de miles de situaciones y relatos de abuso de nuestros estudiantes, incluso muchos de ellos han terminado en suicidio sin un ápice de justicia ni de sobrecogimiento.

Para las madres que hemos luchado para que haya justicia y condena , algo que me toca muy de cerca, y quiero mencionar el caso del Doctor Carlos Reyes Ramos condenado a 10 años por delitos graves de abuso a menores de edad que aún se encuentra prófugo y a los que la justicia y la policía chilena aun no extradita desde Venezuela , y la dolorosa batalla que hemos dado y de la cual Claudia Guerrero y la Fundación NO+ASI fue lo única que nos dio apoyo, orientación y contención a nuestros hijos cuyo daño nada va a revertir si no es con la obligación del Estado de Chile de brindar justicia a las victimas de los abusadores de niños y niñas en nuestro país.

Macarena Palta Palleres
Profesora